A partir del primero de noviembre, las personas que estén multadas por violación a la Ley 241 sobre Tránsito, y no hayan resuelto ese asunto, no podrán obtener una certificación de no antecedentes penales.
La advertencia fue hecha por la Procuraduría General de la República, que argumentó que las violaciones de tránsito son cada día más comunes y reiterativas por personas que conducen vehículos por calles y avenidas.
La procuradora general adjunta, Maura Martínez, quien es secretaria general del Ministerio Público, explicó que en noviembre, la Procuraduría iniciará un plan piloto a los fines de incorporar a los servicios de atención al cliente la nómina de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet).
La ejecución de las multas estará bajo control de la Procuraduría, que velará por su cumplimiento. Expuso que la situación no significa que una persona tenga que automáticamente pagar lo que Amet diga, sino que se buscará la cantidad de actas, a fin de resolver la situación.