Lo debates jurídicos entre las partes que defienden el derecho a la nacionalidad de los descendientes de ciudadanos de origen haitiano, como quienes salvaguardan el dictamen del TC, no han desestimado esfuerzos para defender sus posiciones.
Marchas y plenarios se han desarrollado en distintas provincias en pro y contra de la medida jurídica migratoria, lo que ha generado un debate y cuestionamientos de diferentes organismos a nivel nacional e internacional.
Gobierno
El gobierno dominicano, que preside Danilo Medina, manifestó su preocupación sobre el drama que atraviesan miles de jóvenes de ascendencia haitiana, y señaló que es un problema humano que debe resolverse.
No obstante, Medina estableció que el Poder Ejecutivo no tiene incidencia en esas decisiones y que en el país existe independencia de poderes; pero, prometió que iba a iniciar un proceso de consultas con los órganos que tienen prerrogativa en el tema.
En ese sentido, el 29 de noviembre del presente año, el primer mandatario emitió el decreto 327-13, que instituye el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular en República Dominicana, a los fines de conducirlos a adquirir un estatus de legalidad documental.
El artículo 4 del decreto señala que los extranjeros radicados irregularmente y que en el tiempo de duración previsto no califiquen, o no se acojan a las previsiones establecidas, quedarán sujetos a la deportación, de conformidad con la Constitución y las leyes. Además, establece como órgano responsable de este plan al Ministerio de Interior y Policía, mediante la Dirección General de Migración que es el órgano encargado de la aplicación de dicho sistema.
Decisión CIDH
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), aclaró que la disposición jurídica debería tener las siguientes características:
“Debe garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenía ese derecho bajo el régimen interno entre 1929 y 2010.
“No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquellas desnacionalizadas bajo la sentencia, se registren como extranjeros, como requisito para el reconocimiento de sus derechos.
“Las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la sentencia, deben ser generales y automáticas. Dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria. También deben ser asequibles en términos económicos”.
Desde su llegada al país, los miembros de la CIDH realizaron varias visitas a diferentes instituciones del Estado dominicano, en la que se destacan dos al Presidente de la República Danilo Medina, y a la Cámara de Diputados, mientras que otras dependencias manifestaron sus opiniones y excusas, por las cuales no se reunieron con la comitiva internacional.
Los encuentros fueron catalogados por diferentes sectores como una injerencia a la soberanía nacional; en ello se destaca el Movimiento “Defiende tu Patria”; el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosado Márquez; el presidente de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Maldonado; entre otros.
Mientras que el Comité de Solidaridad con las Personas Desnaturalizadas y diversos partidos de izquierda y progresistas, así como una fracción del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), reconocieron el derecho de la comisión a investigar el tema.
El expresidente de la República Hipólito Mejía afirmó que la Sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional da “pena y vergüenza”, y que coloca al país en una coyuntura muy difícil ante el mundo.
Por su parte, el también exmandatario Leonel Fernández defendió el fallo y dijo que cada nación tiene el derecho de aplicar sus leyes y establecer los lineamientos jurídicos que considere de lugar para tratar la nacionalidad.
Propuesta
A fin de buscar una salida a la crisis, el Comité de Solidaridad con las Personas Desnaturalizadas propuso durante el desarrollo de la actividad Abrazo Solidario, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a las autoridades y al liderazgo nacional, la celebración de un pacto que permita dar una solución definitiva y respetuosa a la situación que viven miles de personas descendientes de haitianos en el país.
Juan Bolívar Díaz, uno de los voceros de la entidad, expuso que el pacto tiene el objetivo de resolver con prontitud el drama humano y de tensión internacional que ha generado la medida, ya que podría partirse del numeral 2, del artículo 18, de la Carta Magna del 26 de enero del 2010, el cual reconoce la ciudadanía a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Ley de Leyes, así como del artículo 110 del mismo documento fundamental, que ratifica el principio jurídico de la no retroactividad de la ley”.
La situación ha llegado a niveles tan críticos, que países sudamericanos y caribeños han comenzado a cerrar las puertas económicas a la República Dominicana, a fin de que se pondere la controvertida decisión.
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