La Cámara de Diputados convirtió en ley este martes, al aprobar en segunda lectura, el proyecto sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que establece pena de cuatro a 10 años de prisión para aquellos funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito.
Dentro de las modificaciones a la ley, se establece que el funcionario deberá incluir el patrimonio de su esposa en su declaración jurada, y penalizará a los funcionarios que hayan falseado datos en su declaración juradas, con prisión de uno a dos años y multas de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central.
Otro proyecto convertido en ley y que fue sancionado en segunda lectura es el que regula el envío de correos electrónicos comerciales “Spam” sometido por el diputado del PLD por Azua, Víctor Sánchez. Ambas normativas pasarán al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
La ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio fue acogida a unanimidad por los diputados, y contó con el informe favorable de la Comisión de Justicia, mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, resaltaron la importancia del proyecto, que reintrodujo vía el Senado el senador por Monte Plata, Charlie Mariotti.
Martínez resaltó que la iniciativa contribuirá con la transparencia y la institucionalidad, y obliga a los funcionarios a desvelar su patrimonio antes y después de asumir un cargo público.
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