La pieza legislativa también establece la persecución penal a oficiales del Estado Civil que cometan falsedades en escritura pública o cualquier otra infracción penal, pero no indica ninguna sanción en estos casos. Estas consideraciones están instituidas en los artículos 9 y 10 del proyecto.
“La falsedad en que incurra una persona al realizar una solicitud de registro de extranjero, en nombre propio o en su condición de padre, ascendiente, colateral privilegiado o tuto, o en el procedimiento de naturalización especial, será castigada con pena de reclusión de dos 2 a 5 cinco años y multas de diez a veinte salarios mínimos”, indica el acápite 9 de la iniciativa.
Sobre la persecución penal a oficiales del Estado Civil el apartado 10 instruye que: “la Junta Central Electoral deberá remitir al Ministerio Público, en un plazo no mayor de tres meses, copias certificada de la documentación levantada con motivo de los procesos de inspección del registro civil, en las que se constatan falsedades en escritura pública o cualquier otra infracción penal incurrida por Oficiales del Estado Civil con motivo de la instrumentación de los registros, a los fines del sometimiento por ante los tribunales penales de la República”.
Tras la sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional que deja sin nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, se originaron fuertes críticas nacionales e internacionales al sistema de inmigración dominicano.
La pieza dividió a la República Dominicana en dos, lo que defendían el derecho de los indocumentados a regularizar su situación y ser declarados dominicanos, mientras que otra parte de la sociedad lo acusaba de antipatriotas y perseguir la unión de las dos naciones.
Con la sentencia jurídica se estarían afectando a unas 300,000 personas nacidas en el país, en su mayoría de ascendencia haitiana.
Finalmente, la sensatez del presidente Danilo Medina, quien decidió consultar a diferentes líderes políticos, empresariales y religiosos, a fin de llegar a un consenso en la búsqueda de una solución armoniosa, teniendo como resultado el proyecto de ley de naturalización.
La pieza fue entregada por el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, junto a los voceros de los bloques de los distintos partidos.
Con la iniciativa, los inmigrantes podrán regularizar su estatus de dos maneras. La primera: acogiéndose en el registro de hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana y la segunda de acuerdo con el “proyecto de Ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional, inscritas regularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización”.
Además, establece un régimen especial en beneficios de hijos de padres y madres de extranjeros no residentes, nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 y al 18 de abril de 2007.
También plantea que toda persona hija de padres extranjeros en situación irregular y que habiendo nacido en territorio dominicano y no figure inscrito en el registro civil, podrá registrarse en el libro de extranjería de acuerdo a la Ley General de Migración, siempre que pueda demostrarlo.
No obstante aclara que para obtener este beneficio el interesado deberá hacer una solicitud ante el Ministerio de Interior y Policía en un plazo no mayor de 90 días a partir de la entrada en vigencia del reglamento de aplicación de referida ley.
En cuanto a la vía de la naturalización, establece que los hijos de extranjeros nacidos en el país, regularizado conforme a la naturalidad a lo dispuesto del plan, en situación migratoria irregular, podrán optar por la naturalización ordinaria y una vez haya transcurrido dos años de una de las categorías migratorias.
Asimismo, precisa que todas las gestiones que hagan las personas para beneficiarse con este plan no les representará costo alguno.
Otro punto es que el Poder Ejecutivo va a dictar un reglamento de aplicación dentro de un plazo no mayor de 60 días a partir de su publicación.
Hasta el momento, el proyecto de ley de naturalización ha sido recibido con beneplácito por los diferentes sectores del país y promete terminar con los problemas causados por la indocumentación.
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