En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Juventud, la entidad señaló que el 62.9% de la población dominicana de entre 1 y 14 años ha experimentado agresión psicológica o castigo físico, según datos de la encuesta Enhogar 2009-2010.
Además los niños, niñas y adolescentes, son víctimas de abuso sexual, maltrato, negligencia, explotación sexual comercial, trata y tráfico, matrimonio y unión a temprana edad, realidades que requieren de una atención integral, desde una perspectiva de género y derechos.
“Para tener una juventud sana y libre de violencia, es necesario trabajar por un país para la niñez, un país que garantice la implementación de la Hoja de Ruta Nacional para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes”, afirmó el coordinador de la Coalición de ONG por la Infancia, Thomas Polanco.
La Coalición demanda que el Estado Dominicano cumpla con las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, y para eso son urgentes varias medidas.
En primer lugar, que se apruebe una ley integral que aborde todas las formas de violencia, prohíba de manera explícita el castigo corporal en todos los entornos, y prevea medidas de concienciación acerca de formas de educación positivas, no violentas y participativas.
Que se aplique la Hoja de Ruta Nacional para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes, de forma coordinada, abordando la dimensión de género de la violencia, y proporcionando los recursos necesarios y un mecanismo de supervisión.
Asimismo, intensificar los esfuerzos para prevenir la violencia, en particular los feminicidios, y sus efectos en la niñez y adolescencia, y aplicar directrices, protocolos y mecanismos de remisión pertinentes para proteger los derechos de menores víctimas o testigos de violencia.
También señalan la necesidad de garantizar la disponibilidad y la calidad de los programas de prevención, protección, acceso a la justicia, rehabilitación y reintegración, incluidos los servicios de salud y apoyo psicosocial, líneas de atención telefónica gratuita y alojamientos adecuados para las víctimas.
Además, velar por que la niñez y la adolescencia cuente con acceso a la justicia, proporcionando apoyo jurídico y poniendo a su disposición mecanismos de denuncia confidenciales y adaptados a sus necesidades en instituciones, escuelas, centros de adolescentes en conflicto con la ley, hospitales y cualquier otro entorno pertinente.
Por último, se apunta a redoblar los esfuerzos para aplicar las “Normas para la convivencia y la disciplina escolar”, supervisando su aplicación y promoviendo su difusión.
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