Los aparatos fueron confiscados luego de la disposición de que el Sistema de Atención de Emergencias y Seguridad 9-1-1 atienda las quejas por contaminación sónica de los sectores del Gran Santo Domingo. El servicio de emergencias ha recibido 5,232 llamadas por ruido.
La información la ofreció la Procuradora de Medio Ambiente, magistrada Francia Calderón, quien habló en el acto donde se destruyeron las bocinas.
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