Aunque intenta proyectar transparencia al adoptar medidas de este tipo, la Policía Nacional suele callar las causas de las sanciones a los altos oficiales sancionados.“Han sido sancionados tres miembros del alto mando, porque es la única forma de evitar prácticas que generan indignación en la ciudadanía y una percepción negativa de la institución”.
Este fue el mensaje que el pasado lunes dio a los periodistas el vocero de la Policía, coronel Jacobo Moquete, “por órdenes” del jefe de la Policía, el mayor general Manuel Castro Castillo.
Moquete se refería a la sanción de tres generales que no actuaron adecuadamente en la investigación de un allanamiento realizado “de forma irregular” en un proyecto habitacional en Sosúa, Puerto Plata. En ese allanamiento, los alemanes propietarios del proyecto aseguran que les sustrajeron 60 millones de pesos que guardaban en dos cajas fuertes.
Sin respuestas
Los generales sancionados son Ney Aldrín Bautista Almonte, Pablo Almonte Morales y Máximo Báez Aybar, quienes según el Consejo Superior Policial no actuaron correctamente en las investigaciones, como ameritaba ese caso. Cuando Moquete oficializó el dato de que estos tres generales también fueron sancionados, además de otros 14 policías que participaron en el allanamiento, los reporteros preguntaron en que consistió el manejo incorrecto que se les atribuye.
Pero Moquete no supo qué ni cómo responder. Lo mismo sucedió con los 14 agentes cancelados, incluidos dos coroneles. La opinión pública nacional todavía no sabe cuáles fueron las razones reales de su separación de la Policía.
El Consejo Superior Policial adoptó la medida, porque entendió que el allanamiento en el que participaron se realizó de forma “irregular”, sin dar detalles de lo que significa este calificativo.
Uno de los dueños de la propiedad allanada el 17 de octubre del 2012 era el alemán Peter Bruwnck. El caso tomó mayor notoriedad pública, luego de que los alemanes dijeran que durante el allanamiento les sustrajeron 60 millones de pesos.