El aprieto de la CC para inventariar las instituciones del Estado, obedece a que éstas no llevan estado financiero, sino que solamente se limitan a ejecutar el presupuesto, pero sin valerse de un sistema que garantice la organización efectiva de sus movimientos económicos.
En mucho de los casos los auditores no tienen el apoyo requerido por parte de los encargados departamentales donde, además, los documentos son archivados en cajas y fundas sin ningún orden, condición que alarga las investigaciones.
Al referirse a este caso, el director del Departamento de Auditoría de la Cámara de Cuentas, Luis Paulino, explicó que el proceso de modernidad patrimonial ha tomado mucho tiempo, y que la CC actualmente está transitando hacia esa innovación.
El escenario descrito ocurre pese a que existe una Ley establecida para modernizar el sistema financiero, así como la creación de un Sistema Integrado, “al que todavía hay que hacerle algunos ajustes.
“Esto quiere decir que muchas veces las entidades no son totalmente responsables de tener o no este sistema de contabilidad”, explicó Paulino, quien afirmó que todas las instituciones públicas están en la obligación de llevar un registro de sus actividades financieras, aunque existen muchas que no llevan un adecuado sistema de documentación sobre sus acciones.
A esa dificultad se suma el bajo presupuesto asignado a la CC, condición que limita la contratación de auditores y otro personal requerido para los experticios.
En la actualidad, la CC solo cuenta con 200 auditores para este fin y según el director de ese Departamento, requieren de al menos otros 200 para poder realizar un trabajo con prontitud y eficiencia.
Por esa misma causa existen instituciones descentralizadas del Gobierno que no pueden ser auditadas y otras que pasan hasta cinco años sin ser inspeccionadas. Por ejemplo, los ayuntamientos, que solo son auditados cuando la CC recibe una denuncia de anomalía en el uso de los recursos, en cuyo caso forma una comisión que se encarga de revisar sus movimientos económicos.
Explícitamente la responsabilidad de la CC está centrada en investigar las instituciones centralizadas del Estado, cuyo informe debe tener listo y depositar en el Congreso Nacional en abril de cada año.
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