Santo Domingo.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, sugirió ayer al ministerio público fiscalizar las violaciones a la Ley 241 sobre tránsito de vehículos de motor, a fin de que los tribunales tengan herramientas suficientes a la hora de juzgar cada caso, para determinar estos conllevan una sanción con arreglo a la norma.
Mientras tanto, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó al Ministerio Público a solicitar prisión preventiva en los casos en que conductores provoquen accidentes de tránsito por efectos de alcohol y exceso de velocidad, donde resulten una o más personas lesionadas o muertas.
Germán Mejía dijo que con una cultura de prevención y de endurecimiento de las sanciones, el Estado y la sociedad pueden disminuir la gran carga económica que acarrean los accidentes de tránsito en el país.
El magistrado habló sobre el caso al encabezar una rueda de prensa junto al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y la fiscal titular de la Unidad de Tránsito de la Procuraduría, Katiuska Viviano.
Señaló que, según estadísticas, los efectos por violaciones a a la Ley de Tránsito ascienden a miles de millones de pesos anuales, por daños a la propiedad, incapacidades para trabajar, lesiones graves y permanentes a las personas, muertes y gastos médicos, “y los grandes pesares que traen consigo la muerte de una gran cantidad de seres humanos en las calles y autopistas del país”.
Manifestó que el vertiginoso crecimiento que registra el parque vehicular en el país requiere una actualización de la Ley 241 sobre Tránsito, para reforzar las sanciones que deben recibir las violaciones y establecer agravantes en los casos de imprudencias, negligencias y accidentes con consecuencias graves.
Consideró que se impone una cultura de respeto a las normas y un sistema efectivo de prevención con miras a concientizar a los conductores para que tengan mayor capacidad de discernimiento a la hora de tomar el volante.
“El irrespeto a las reglas de tránsito constituye una de las principales causas que originan que se produzcan tantas tragedias en las calles. En este punto, las políticas de prevención y concienciación son factores fundamentales para evitar haya menos hechos que lamentar”, enfatizó.
Calificó como preocupante el panorama que se vive en calles, carreteras y autopistas del país por la creciente cantidad de accidentes de tránsito que generan luto y dolor en la familia dominicana.
Instruyen a fiscales
Domínguez Brito cree que en los casos donde no se observan las reglas mínimas de prudencia, que generen muertes o lesiones permanentes graves, de conformidad con la magnitud del accidente, los fiscales deben pedir prisión preventiva contra estas personas y procurar que sean condenados penalmente, independiente de la sanción civil.
Dijo que el caso del recién accidente ocurrido en Nagua fue pedido prisión preventiva y se logró su aplicación, “lo cual debe ser una política general de poder establecer un régimen de consecuencias en esos casos.
Por tradición, indicó, en los últimos 20 ó 30 años solo se han impuesto garantías económicas o medidas no restrictivas de libertad, cosa que, entiende, debe cambiar. “La idea es que cambiemos esa política de manera general y no unilateral y que se rompa ese esquema”, manifestó.
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