La meta del ya obligado déficit fiscal y los aumentados gastos innegociables serán los principales retos del Presupuesto del año 2017, cuya formulación todavía está en fase exploratoria pese a que el calendario avanza y el tiempo de presentación se agota.
De entrada, se identifican dos partidas de gastos que reclamarán para el próximo año asignaciones por unos RD$262,213 millones, volumen que representa el 46.31% del gasto corriente y 51.84% del gasto total aprobado en el Presupuesto vigente, y que representarían un 43.46% y 49.05% respectivamente de la estimación protocolar hecha para el 2017. Los presupuestos modernos anticipan los niveles de gastos para dos o tres períodos posteriores al que se diseña.
Combinación
Esas dos sumas, rígidas de cumplimiento o aplicación, previstas para el próximo año corresponden al 4% del PIB para la educación preuniversitaria, cuya estimación original indica que para el año 2017 requerirá una asignación de RD$141,000 millones, y los intereses de la deuda pública, con RD$121,213 millones, según el estimado que tiene publicado la Dirección General de Crédito Público en su portal.
Además de ser, individualmente, las más voluminosas, las partidas del 4% a la Educación y al pago de los intereses de la deuda pública son las más inflexibles o rígidas, debido a que en el primer caso el Gobierno ha asumido el cumplimiento del gasto educativo como algo intocable, y el cumplimiento de los intereses de la deuda también es de carácter obligatorio, debido a que el modelo presupuestario que se ejecuta en la última década tiene un importante componente de financiamiento externo vía emisión de bonos soberanos, cuya condición de colocación depende de la calificación de riesgo del país.
Dejar de pagar los intereses implicaría perder la hasta ahora buena calificación que tiene el país, la cual entre otros factores, le ha permitido colocar sus títulos de deuda soberana en condiciones muy favorables. En los últimos presupuestos el financiamiento a través de bonos soberanos ha superado en promedio los US$1,000 millones.
Por esas condiciones específicas, las partidas para Educación y los intereses de la deuda pública (interna y externa) representan las referencias a consignar como de cumplimiento obligatorio en el presupuesto del 2017. Otras partidas mandadas por leyes tienen posibilidad de ser acomodadas a la situación fiscal, incluyendo la ley de Capitalización del Banco Central que manda transferir cada año de su calendario de vida una proporción creciente del PIB, pero que en los últimos tres presupuestos ha sido congelada en un 0.7%, por la estrechez de las finanzas públicas.
Históricamente también se ha “jugado” con asignaciones fijadas por leyes, entregándoles partidas según las disponibilidades proyectadas en el presupuesto. En ese manejo discrecional se incluyen las partidas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) (un 5% del Presupuesto), los recursos de los ayuntamientos (10%), entre otras de las 26 leyes y disposiciones que asignan partidas fijas del Presupuesto.
Actualmente se analizan y discuten aumentos en al menos dos instancias estatales, cuyas asignaciones deberán consignarse en el presupuesto del próximo año, porque para el actual no hay previsiones ordinarias, a menos que se apruebe un presupuesto complementario, cosa que se haría en la próxima legislatura o en una que pudiera el Poder Ejecutivo convocar. Se trata del negociado aumento para médicos, enfermeras y demás personal del área de la salud pública, y el reclamado aumento salarial en la Policía Nacional. En el caso de los médicos se ha citado un valor de RD$8,000 millones el costo de los elementos que se discuten.
Por la magnitud de las alzas que se reclaman, analizan y se esperan, las correspondientes asignaciones para esas dos áreas implican que habrá que destinar varios miles de millones de pesos, que por las condiciones presupuestarias actuales no es posible financiarlos.
Esa situación parece indicar que el presupuesto del próximo año estaría condicionado o referido al esperado pacto fiscal, porque el Gobierno quiere determinar claramente de dónde obtendrá los recursos con los cuales afrontar las nuevas demandas que está recibiendo y negociando. No obstante, en el área fiscal del Gobierno se cree que es posible “armar” el Presupuesto del 2017 sin que haya un pacto fiscal, pero teniendo claro que habría fuertes restricciones, sobre todo dependiendo de la meta de déficit fiscal que se prevea. Entre los años 2013 y 2016, los niveles de déficit con que han sido planteados los correspondientes presupuestos han oscilado entre 2.3 y 2.8% del PIB. En valores absolutos, los déficits con los que han sido diseñados y aprobados esos presupuestos han fluctuado entre RD$75,000 y RD$77,000 millones.
El manejo del déficit en tres años
El manejo presupuestal de los primeros tres años del gobierno del presidente Danilo Medina han sido de relativo éxito. Las metas de déficit fiscal han sido cumplidas favorablemente hasta el 2015. El 2016 está en desarrollo, y las cifras al primer semestre indican que el faltante estaba dentro de los niveles previstos.
Debido a las consistentes críticas que se hacen al endeudamiento público, que es la vía de financiar el déficit presupuestario, hay muchas expectativas en torno a si en el presupuesto del 2017 se mantendrá o aumentará la franja deficitaria. Erradicarla completamente parece improbable, a menos que el próximo presupuesto sea presentado en una proporción menor al que se ejecuta actualmente. Pero solo con el aumento vegetativo de la asignación del 4% del PIB a Educación y el aumento de los pagos por concepto del servicio de la deuda pública, se hace imposible mantener el monto del gasto público en el nivel del 2016. Sólo el gasto electoral será menor en el 2017 que en el año en curso y es porque la Ley Electoral establece partidas extraordinarias para los años en los que se celebran elecciones.
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