La nación dominicana se prepara para desarrollar el próximo domingo 15 de mayo las elecciones generales (presidenciales, congresuales, municipales y de diputados de ultramar), las cuales serán llevadas a cabo de forma simultánea en el territorio nacional.
En este histórico certamen participan 26 partidos políticos, 1 movimiento provincial y 7 movimientos municipales en la elección directa de 4,213 cargos públicos dentro del Poder Ejecutivo y Legislativo, entre los que se encuentran: Presidente y Vicepresidente de la República; a nivel congresual, 32 senadores, 190 diputados (178 por representación proporcional, 7 diputados de ultramar y 5 diputados nacionales) y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) con sus 20 suplentes.
A nivel municipal, 158 alcaldes y vicealcaldes; 1,164 regidores y sus suplentes; además de directores para los distritos municipales y secciones rurales, respectivamente.
¿Mujeres presidentas?
La posibilidad de sobrepasar el 33%, otorgado a las mujeres para ocupar cargos electivos en las actuales elecciones, se perfila como un posible acercamiento a la paridad femenina en la vida política del país.
Dos candidatas presidenciales acaban de proclamarse: Minerva Josefina Tavárez Mirabal (Minou), de Alianza por la Democracia, quien el pasado 4 de enero aseguró sentirse preparada para gobernar República Dominicana, y para hacerlo bien, ya que cuenta con una trayectoria que ninguno de los demás candidatos tiene ni puede exhibir, dijo. Por su parte, Soraya Castillo Aquino, del Partido Unidad Nacional (PUN), dos días después se convirtió en la segunda propuesta de una mujer presidenta para las elecciones generales de mayo.
“Buscaremos el rescate de los valores en la dignidad humana de nuestros ciudadanos, con apego a los principios de fe que norman la autoridad en el núcleo familiar y forman los micros gobiernos en los hogares dominicanos”, señaló en su discurso de proclamación Castillo Aquino; en tanto que Tavárez Mirabal expresó que “el pueblo dominicano necesita que la gente decente, honesta, participe en la política, para poder cambiar a las autoridades que sostienen el actual sistema basado en el clientelismo, la corrupción y la impunidad”.
Cuotas
En diciembre último, el pleno de la Junta Central Electoral (JCE), aprobó la resolución que obliga a los partidos políticos a cumplir con la ley que establece la obligatoriedad de una cuota que alcance el 33% de mujeres en sus boletas electorales, para las elecciones de 2016.
Según esta disposición, de los 178 diputados a elegir en las 31 provincias, deberán ser incluidas 61 diputadas de los partidos políticos y las agrupaciones.
El presidente de la JCE, Roberto Rosario, informó entonces “que todos los partidos políticos tendrán que cumplir el mandato del pleno, que en relación a la cuota femenina, dispuso que todos los partidos políticos, alianzas o coaliciones de partidos y las agrupaciones políticas, al momento de presentar sus propuestas de candidaturas a cargos para diputados, regidores, suplentes de regidores y vocales, deben obligatoriamente incluir en las mismas un porcentaje no menor al 33% a favor del sexo femenino, del total de los cargos propuestos en cada nivel de elección, asignado en forma alterna con respecto a los hombres, en cumplimiento de las disposiciones legales existentes”.
Más que una resolución y propuesta, el aumento de la representación de la mujer en el escenario político dominicano significa un compromiso con aquellas que precedieron las luchas que aún continúan por su reivindicación y verdadero reconocimiento.
Fue en 1942 que la mujer dominicana ejerció por primera vez el sufragio y se conoce que en las universidades, el número de ellas es superior, un 65%, en relación con los hombres, 35%; no obstante a este empeño por la preparación académica y desarrollo social, su representación en el plano político partidario e institucional aún dista.
José Ángel Aquino, juez de la JCE, se refiere al tema en su trabajo titulado: Elecciones 2016: Participación política de la mujer, de la cuota femenina a la paridad, publicado en Acento.com, donde resalta: “ Primero fueron los partidos políticos los que implementaron la cuota femenina de un 25%, y más tarde, en la reforma electoral de 1997, se consagraría legalmente este porcentaje en la Ley Electoral 275-97, que sería aumentado a un 33%, mediante la ley 12-2000 del 2 de marzo del 2000”.
Añade el autor que en la Cámara de Diputados, el porcentaje de mujeres electas había sido de un 12.5% en las elecciones de 1994, y luego de aplicarse la cuota femenina como norma jurídica obligatoria en las elecciones de 1998, se alcanzó una representación femenina de un 16.1%, cantidad que aumentó en las elecciones del 2010 hasta un 20.8%.
También el número de regidoras se incrementó por las razones antes mencionadas y de 93 electas en 1994 (14.4%); en 1998, hubo un total de 185 mujeres ediles; es decir, un 24.4% y en 2010, alcanzaron la alta cifra de 383, para un porcentaje de un 33.3%.
Ángel Aquino deplora lo que ha tenido lugar en las alcaldías y el Senado, donde no se han observado cambios significativos en las últimas décadas, aun cuando por primera vez una mujer, Cristina Lizardo Mézquita, ocupó la presidencia de la Cámara Alta: en 2010 fueron electas 3 senadoras para un 9.4%, y 12 alcaldesas, equivalentes a un 7.7%.
Sin entender
Según reflejan los resultados presentados por el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, República Dominicana tienen una población de 9, 445,281 habitantes, de cuyo total, 4,706,243, corresponden al 49.83% (mujeres) y 4,739,038, el 50.17%, hombres.
La Constitución establece en el artículo 39, numeral 5 que “el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de la justicia y en los organismos de control del Estado”.
Muchas veces se ha debatido acerca de que las candidaturas para cargos electivos de hombres y mujeres sean en cantidades similares, y no como se ha previsto de sólo el 33% para estas últimas.
Hace apenas dos años, el proyecto de Ley del Régimen Electoral preveía que las nominaciones y propuestas de candidaturas a la Cámara de Diputados y a las regidurías se observaran por el principio de equidad de género, integrándose en cincuenta por ciento de mujeres e igual proporción para hombres.
Si bien la Carta Magna prohíbe la discriminación de las personas bajo cualquier concepto, resaltando el contenido del artículo 39, que “proclama explícitamente la igualdad entre el hombre y la mujer, prohibiéndose cualquier acto cuyo objetivo o resultado menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres”, en realidad existe una desequilibrada participación de las féminas en las candidaturas a los cargos de elección popular, ya que aquel proyecto de ley perimió en el Congreso Nacional, quedando vigente la actual cuota femenina.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión de Asuntos de Género de la Cámara de Diputados aspiran a que se alcance un día el 50%, y los cargos sean ocupados por hombres y mujeres de igual forma.
Definitivamente, cuando la mujer aparezca a la par de sus compañeros en los diferentes estamentos del Estado; sean en el Tribunal Superior Electoral (TSE); en la Junta Central Electoral (JCE); en el Poder Legislativo, y en el resto de las organizaciones políticas, hasta entonces no se podrá hablar de esa democracia participativa y equidad de género, por la que tanto se ha luchado.
