Según los datos suministrados por la Oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio de los Funcionarios de la Cámara de Cuentas, se establece que un número de 1,277 se encuentran omisos en el cumplimiento de su obligación. Solo 333 servidores públicos lo hicieron dentro del plazo otorgado y 136 luego del vencimiento de este.
En ese sentido, Francisco Domínguez Brito informó, en rueda de prensa, que los funcionarios que no realizaron sus declaraciones serán citados para iniciar las investigaciones en tornos a ellos, por presunción de enriquecimiento ilícito, sobre todo, a aquellos que fueron removidos del cargo hacia otra posición o hayan quedado sin funciones y no la hayan presentado.
Fue enfático al decir en cuanto a las declaraciones realizadas “si se comprueba falsedad en escritura o fraude de una declaración jurada de patrimonio, o si los representantes de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa entienden necesario, de acuerdo al artículo 12, solicitarán a la Cámara de Cuentas inspección y análisis de la misma.
Advierten ambos funcionarios que aquellos que estén obligados a presentar una declaración y no lo hayan realizado u omitieran algún bien, incurrirán en faltas graves o de tercer grado.
En cambio, si se determina enriquecimiento ilícito de los servidores público, los responsables pudieran enfrentar condenas entre cuatro a diez años de prisión.
Fuente: elnuevodiario.com.do
