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Asimismo, calificaron de “preocupante” la posibilidad de que sean deportados menores de edad por sus rasgos faciales y color de piel.
El Plan de Regularización para Extranjeros, calificado como el “más ambicioso” en materia migratoria en el país, se puso en marcha junto a la Ley especial de Naturalización, que venció el 1 de febrero, tras una polémica sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de 2013, que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad.
Dicho Plan beneficiará principalmente a haitianos indocumentados y a hijos de estos.
En una rueda de prensa, representantes de Coalición ONG por la Infancia, Plan International, Save the Children y World Vision en República Dominicana y Haití instaron a los Gobiernos de ambos países a tomar las acciones necesarias para evitar una crisis humanitaria, protegiendo los derechos de los niños y adolescentes sujetos de deportación.
Las organizaciones recordaron datos de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), avalada por la Oficina Nacional de Estadísticas, que reveló que en la República Dominicana residen 524,632 personas extranjeras, de las que 87,3 % son haitianas.
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Dichas entidades recomendaron aplicar el Protocolo de Entendimiento sobre Mecanismos de repatriaciones, firmado por República Dominicana y Haití en 1999, complementándolo con pautas especiales que brinden mayores garantías para la protección de la niñez en consistencia con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por ambos países.
Asimismo, garantizar el respeto a la dignidad de la niñez en los cinco centros de acogida que el Gobierno dominicano ha dispuesto como primer punto de llegada para la verificación del estatus migratorio de las personas antes de su deportación definitiva.
A la vez, instaron a las autoridades a continuar el proceso de diálogo, involucrando a representantes de la sociedad civil de los dos países, y garantizar el plazo concedido para que las personas inscritas completen sus expedientes, sin ser deportadas.
Al mismo tiempo, garantizar los derechos fundamentales, como el acceso a agua potable, alimentación, salud, educación e instalaciones recreativas y sanitarias adecuadas para los niños y garantizar la protección contra la violencia física, verbal o agresiones sexuales durante este proceso.
También proveer apoyo psicológico y emocional a los niños y a sus familias en los procesos de regularización y deportación.
Igualmente, garantizar el derecho a la nacionalidad a los niños que nacieron en la República Dominicana o que inmigraron con sus padres, pero que no consta en ningún registro oficial, para evitar el riesgo de quedar apátridas.
Por último, las entidades se comprometieron a trabajar junto a las familias y a los gobiernos para que se garanticen los derechos de la niñez durante este proceso. EFE
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