Para lograrlo, se han establecido dos mecanismos: la Ley Especial 169-14, para personas nacidas en República Dominicana, hijas de padres extranjeros en situación irregular y el Plan Nacional de Regularización para Extranjeros.
Funcionarios
Fruto de estas dos iniciativas más de 350,000 personas que estaban al margen de la ley hoy están dentro de un marco legal y tienen sus derechos jurídicos garantizados.
Si tomamos como referencia la Encuesta Nacional de Inmigrantes ONE – Unión Europea 2012, podemos afirmar que hemos pasado de tener un 20% de población migrante con estatus regular a un 75% de regularizados.
¿Qué es el Plan Nacional de Regularización?
Es una iniciativa especial, impulsada por el Ministerio de Interior y Policía, destinada a corregir situaciones migratorias de las personas que están en el país de manera irregular, es decir, sin la debida documentación.
El plan se ejecutó durante 18 meses, que una vez cumplidos, concedió a los solicitantes el estatus migratorio correspondiente a sus circunstancias.
¿Qué resultados se han logrado con el Plan Nacional de Regularización?
Desde el inicio del plan, un total de 288,466 mil personas solicitaron su regularización. Este proceso ha permitido individualizar la situación de miles de personas que estaban fuera del sistema legal. Ahora contamos con datos confiables de cada uno de ellos y de su estatus. Este es un gran paso para el ordenamiento administrativo e identificación rigurosa de la población.
¿Qué es la Ley Especial 169-14?
Es una normativa para ordenar los registros documentales del país y dotar de la debida documentación a poblaciones que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Esta ley establece dos grandes grupos de personas beneficiarias que se denominaron A y B, de acuerdo a su estatus documental.
Grupo A: Corresponde a personas nacidas en la República Dominicana, hijos de ambos padres extranjeros en situación irregular y que cuentan con algún tipo de documento expedido por la República Dominicana que los acredita como nacionales.
Grupo B: Está conformado por hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en República Dominicana y que no contaban con ninguna documentación.
¿Qué se ha logrado con la implementación de la ley 16-14?
La Junta Central Electoral ha identificado alrededor de 55,000 personas pertenecientes al grupo A. A todas ellas se les está dando solución, a través del reconocimiento de esa documentación y su consiguiente estatus de ciudadanía dominicana. Más de 12,000 personas han acudido ya a las oficinas de la JCE a recoger su documentación.
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Asimismo, se recibieron más de 8,755 solicitudes de personas pertenecientes al grupo B, que están siendo procesadas para su registro en el Libro de Extranjería, con posibilidad de acceder al proceso de naturalización, en un plazo de dos años.
¿Qué medidas se pusieron en marcha para garantizar la seguridad de los procesos?
Para garantizar la integridad del proceso y los derechos de todas la poblaciones, el Ejecutivo prohibió, mediante decreto presidencial, las deportaciones de extranjeros que se hayan acogido al mismo mientras dure el trámite de su solicitud, comprobable gracias a la constancia que se entrega en las oficinas del Plan.
¿Qué ha pasado ahora que finalizó el plazo para el Plan Nacional de Regularización?
El 17 de junio finalizó el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización y por lo tanto, no serán admitidos nuevos expedientes.
A partir de ese día, simplemente, se han aplicado nuevamente con normalidad los mecanismos establecidos por la ley de migración.
Aquellos expedientes que estén en proceso, seguirán completándose de acuerdo a los plazos establecidos por la ley.
Asimismo, el gobierno dominicano garantiza que en ningún momento realizará deportaciones indiscriminadas o colectivas. No lo ha hecho en décadas de vida democrática y, por supuesto, no lo hará en el futuro.
Desde el pasado lunes, el gobierno ha puesto a disposición de las personas en situación irregular facilidades para el retorno voluntario, a través de la Dirección General de Migración. Como parte de este programa, se ofrecen facilidades para que cualquiera que desee salir voluntariamente del territorio lo haga y, de esta forma, no se le apliquen las sanciones administrativas que dificultarían su entrada nuevamente, con la debida documentación.
Hasta el momento, 17,416 personas han salido voluntariamente del país.
El procedimiento de retorno estará estrictamente apegado a la ley y siempre dirigido por la única autoridad competente, la Dirección General de Migración. Cada caso llevará un procedimiento individualizado, con garantías del derecho a defensa y de respeto a los derechos fundamentales.
Se adoptarán, además, las salvaguardias relevantes para niños, niñas, adolescentes no acompañados y mujeres embarazadas.
¿Es cierto que en República Dominicana existen casos de apatridia?
No, no es cierto. Hasta ahora no se ha podido identificar ningún caso de apatridia en el país y así lo muestra la ausencia de registros en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Cabe recordar, que para los casos de personas que no cuentan con el debido registro de identidad, la legislación dominicana establece procedimientos como la declaración tardía o la naturalización que permiten dotarlos de documentación.
El Estado dominicano reconoce que la debida identificación y regularización de todas las personas es un derecho fundamental y contribuye a su seguridad jurídica. Estamos firmemente comprometidos con la protección de esos derechos y trabajamos diariamente para garantizarlos.
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