“Cuando al dar la medianoche expire el plazo, las esperanzas de decenas de miles de personas vulnerables se hundirán. Miles de personas correrán peligro de ser expulsadas del país”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
“Incluso aunque estas personas puedan permanecer en la República Dominicana una vez vencido el plazo, su futuro será terriblemente incierto.
Aunque los términos ‘residente’ y ‘apátrida’ pueden parecer burocráticos, lo cierto es que el contar con la ciudadanía legal puede ser esencial para tener acceso a la educación, la atención médica y el trabajo, entre otros derechos fundamentales”, dijo.
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