Sin embargo, esa respuesta será más fácil obtenerla en Estados Unidos o en Brasil, porque en la República Dominicana ya las autoridades del Ministerio Público fijaron su posición a través de un comunicado de la Procuraduría General de la República, que ayer, jueves 25, dejó claro que no daré el nombre por el momento:
“Por lo menos en este momento, debemos contraernos a la más estricta reserva sobre los detalles del caso”, declaró la Procuradoría General de la República.
Esta posición de la Procuraduría General deja bajo sospecha a la totalidad de los 32 senadores dominicanos.
Según The Wall Steet Journal, las autoridades alegan que ejecutivos de ventas de la empresa acordaron pagar un soborno de 3,5 millones de dólares al coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana Carlos Piccini.
Este oficial sigue activo, a pesar de que el diario estadounidense lo reportó como retirado.
El coronel se desempeñaba como director de proyectos especiales de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en 2008, en la época de las negociaciones del contrato.
Para disfrazar el pago del soborno, los funcionarios dominicanos, militares y civiles, crearon empresas fantasmas en cuyas cuentas se depositaron diversas cantidades de dinero. Según The Wall Street Journal, las empresas fantasmas fueron registradas en Jordania, país que según los entendidos constituye una especie de paraíso fiscal por su carencia de normas contra el lavado y la evasión de impuestos.
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