Luego de ser considerado como un “héroe” por impedir que la empresa Barrick Gold exportara varias cargas de “doré” sin notificar su valor al Estado dominicano, ahora el director general de Aduana (DGA), Fernando Fernández, pasó a ser el “villano de la película”, por impulsar el cobro del 18% de impuestos por las compras realizadas vía Internet menores a US$200.El 4 de junio del 2013, la DGA incautó en el Aeropuerto Internacional Las Américas, un cargamento declarado por la Barrick Gold como piedra caliza, bajo la sospecha de que podía ser metal valioso y se procedió a suspender la salida del embarque, a fin de establecer la autenticidad que contenía; ahí el funcionario era “el bueno”.
Y siguió ganando fama, porque las autoridades de la DGA, encabezadas por él, sancionaron a la minera Barrick Gold con el doble del valor de la mercancía por “mala” declaración de la carga. Mucha gente pensó que si Fernández estaba defendiendo de esa forma el dinero que debía entrar a las arcas del Estado, es porque era un director “modelo”.
A causa de esa labor, Fernández se ganó la admiración de los diversos sectores de la República dominicana, por velar y defender los intereses de la Patria y, de obligar a la transnacional a corregir los errores en la declaración sobre el origen y la procedencia del metal extraído de la mina Pueblo Viejo, Cotuí, para su exportación, así como de cumplir con lo establecido en las leyes 146-00 y 3489 y sus modificaciones, sobre la verificación física de cada embarques.
¿Cuándo comenzó a ser malo?
Un año después de ese suceso que lo hizo popular en la población, el funcionario ha pasado a ser el “antagónico del filme”, por su decisiva posición de colocar el impuesto a las compras menores de 200 dólares por Internet.
La medida tomada por el director de la DGA ha desatado los “demonios” y el rechazo en un amplio segmento poblacional, aunque este se ha defendido alegando que en 15 días, empresas Couriers pretendieron entrar al país, sin declarar unos 2,137 cheques por un monto aproximado de RD$250 millones, lo que consideró como una economía subterránea que nadie conocía.
Añadió, además, que por medio de las compras por Internet, de un total de 9,783 procesos de verificación de mercancías, el 88% presenta una subvaluación de 424%, en función del valor real de cada uno de los envíos.
No obstante, argumentó que “el 96% de los envíos que se hacen a través de las empresas Couriers pertenece a la categoría B, que es la que hasta el momento ha estado exenta de impuestos, porque pertenecen a los que tienen costos menores a los US$200”.
Oposición
“Eso es un abuso, el mercado local vende malo y carísimo y el Internet te da la opción de comprar más barato y de mejor calidad; no estoy de acuerdo”, fue la reacción de un sector de la población, cuando se enteró de que la DGA hará efectivo, a partir del 15 de agosto, el cobro del gravamen.
La institución recaudadora notificó a todo el sector del “Despacho expreso de Envíos” que opera al amparo del decreto No. 402-05, del 26 de julio del año 2005, que las mercancías importadas bajo la modalidad establecida en la “Categoría B” deberán pagar los derechos aduaneros que corresponden.
Los compradores, especialmente jóvenes de la clase media, calificaron de abusiva la disposición hecha y alegaron que si compran por Internet es porque es más barato y que con este nuevo impuesto a su juicio se les estaría prohibiendo de realizar esta actividad.
Jorge M. Merette, que en ese momento se desempeñaba como director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Empresas Couriers, manifestó: “En el año 2005 el país presentó el reglamento al DR-CAFTA como garantía del servicio; o sea, ese reglamento es parte integral de dicho tratado, por lo cual las compras por Internet están libres de derecho de Aduanas y de impuestos. El imponer impuestos o reducir ese valor violaría el artículo especificó del DR-CAFTA”, indicó Merette.
Asimismo, el dirigente comercial y expresidente de la Unión de Comerciantes Mayoristas de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Eufemio Vargas Lima, rechazó el impuesto que se quiere colocar a las compras por Internet, pues con ello la clase media sería la más perjudicada.
También, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, advirtió que si el Gobierno permite que las compras por la web tributen, la ciudadanía tendrá que pagar pasajes más caros, ya que deberán adquirir repuestos con nuevos tributos.
De igual manera, el vocero del bloque de los diputados del Partido Revolucionario Mayoritario (PRM), Nelson Arroyo, llamó al presidente Danilo Medina a desautorizar al director de Aduanas, Fernando Fernández, de sus "pretensiones" de colocar un impuesto a la compras por Internet a los artículos con precios menores de US$200.
Recurso de amparo
Diversas organizaciones de la sociedad civil han decidido no quedarse de brazos cruzados ante lo que clasifican como una nueva carga impositiva para la clase media dominicana, con la introducción de medidas cautelares en el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), conjuntamente con la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Asodecu), y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, sometieron una acción constitucional de amparo preventivo contra la DGA, por la amenaza y posible cobro de impuestos a las compras por Internet, cuyos valores sean inferiores a los 200 dólares.
Trajano Vidal Potentini, presidente de FJT, condenó la irracionalidad e imprudencia de la medida anunciada por el director de Aduanas, Fernando Fernández, desconociendo la autoridad del Poder Ejecutivo y usurpando funciones del Congreso Nacional.
El Tribunal Superior Administrativo dictó la suspensión de manera provisional del cobro de un 18% a las compras por Internet menores a US$200.
Como siempre, la decisión y aclaración para poner fin a este conflicto recaerá en la responsabilidad del Presidente de la República Danilo Medina y de manera forzosa en el Congreso Nacional, quien tendrá la última palabra.
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