Diputados
La iniciativa la sometió el Poder Ejecutivo vía el Senado, quien lo había probado, retornará de nuevo a la Cámara Alta, tras la comisión de Energía y Mina de la Cámara de Diputados, haberle hecho modificaciones.
En la primera lectura el proyecto fue aprobado a unanimidad por los 99 diputados que se encontraban en el hemiciclo, mientras que en la segunda sesión fue acogida por 97 legisladores y uno que votó en contra.
Previo, el pleno rechazó, con 60 votos contra 30, la propuesta de Marino Vinicio Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), que establecía un artículo quinto artículo, donde contemplaba que el Estado Dominicano no pueda enajenar total ni parcial los activos de las empresas generadoras eléctrica.
Agregó además que el Estado podrá recuperar la inversión pública que haya realizado, y ser liberado de las garantías nacionales e internacionales que hayan dado con la concertación del préstamo para realizar esas inversiones dando a él a los adquirientes o socios, obligar a solventar las deudas total o parcial según el caso.
Subrayó que la Cámara de Cuentas en cualquier deberá certificar de manera previa el monto realizado por el Estado y deberá servir de sustento como punto de partida en las negociaciones, sobre los activos de patrimonios e inversiones públicas.
Gustavo Sánchez declaró que para garantizar precios justos en la venta de energía y evitar el chantaje al Gobierno por los empresarios cuando hay deudas acumuladas, es que se justifica la modificación al proyecto que aprobó el Senado que autoriza al Gobierno intervenir en la generación y comercialización de energía.
Marino Collante, presidente de la Comisión de Hacienda, expuso que con esta ley el país avanza, porque va rumbo a terminar el problema con la energía eléctrica.
“Esta ley permitirá al Estado dominicano participar en la generación eléctrica, y le dará una estocada mortal a aquellos que ha significado para el país desde hace más de 10 años, carga que termina en gastos para el Gobierno, ya que se transformará en ingresos, y el Gobierno dejará de erogar entre 1,500 y 2,000 millones de dólares anuales”, apuntó.
Subrayó que los 70 y 80 mil millones de dólares que el Estado debía destinar a las necesidades perentorias, debía invertirlo en el problema de la energía eléctrica, y ahora el país tendrá un mejor desarrollo, porque muchos hospitales, acueductos y puentes podrán construirse con esos recursos que se destinaban al problema eléctrico.
Aseguró que las dos generadoras que el Gobierno adquirirá resolverá en un50 por ciento la crisis eléctrica del país.
Radhamés González, vocero del bloque del PRD, apuntó que la iniciativa colocará al Estado Dominicano en opción de participar de manera directa en el negocio eléctrico.
“Las megas plantas a carbón vienen a solucionar parte de los males eléctricos que padece el país desde décadas, pero nada se haría si no incluyen las modificaciones introducidas por la comisión de Energía que garantizarán que los bienes del Estado no se van a enajenar, por lo que el bloque del PRD votará a favor de la iniciativa”, expresó.
Juan Quiñonez, dijo que en los últimos 50 años en la economía del país no hay un renglón que se ha llevado tanto recursos, como es el sistema eléctrico dominicano.
Expuso que es grande la estafa que ha sufrido el país desde el proceso de capitalización de las empresas del Estado, y por ello se conocen quienes son los beneficiados con la modificación de la ley 125-01, en perjuicio de la población.
Juan Hubieres se adhirió a la propuesta del diputado de la FNP, y señaló que ya “esas plantas a carbón adquirida con recursos del Estado, en la ley se debe establecer que si algún día se van a vender, no sean vendidas a precios de vacas muertas”.
José Paliza, del PRD por Puerto Plata, hoy el sistema eléctrico nacional, producto de la privatización, es un monstro de diez cabezas, porque involucra una red, que desde ya hay que poner costo, y también resaltó como noble la propuesta del diputado Vinicio Castillo.
Rubén Maldonado, vocero de la bancada del PLD, resaltó que los diputados que hablaron consideraran de positivo la adquisición de las plantas a carbón, que permitirá al Estado participar en el negocio de la generación de energía para competir con el sector privado.
