Unas 55 iniciativas de leyes que no fueron estudiadas ni valoradas quedaron estancadas en el 2013, lo que generó críticas de diferentes sectores. Todos estos proyectos perimieron y deben ser reintroducidos.
Sin conocer
Entre estos están: la ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, la que crea el Parque Nacional Loma Miranda, y las modificaciones a las leyes de Tránsito, Cheques y el Código de Procedimiento Civil, iniciativa que la Iglesia Católica y la Sociedad Civil están pendientes de que sean sancionadas de urgencia.
Otros que perimieron son: los proyectos que crean ley orgánica que regula los estados de excepción en República Dominicana, el que facilita el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y el que establece el procedimiento para el otorgamiento del indulto presidencial.
También las leyes de integridad de la función pública, transparencia y penalización de acciones corruptas, orgánica de la Cámara de Cuentas, la que crea el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, de los recursos costeros y marinos, de aguas, y capitalización del sector invernaderos.
Igualmente tendrán que se ser introducidas los proyectos de seguridad privada, el que busca regular el trabajo doméstico, el que dispone la entrega directa al trabajador del 10% de propinas en hoteles, restaurantes, cafés, barras y establecimientos comerciales donde se expende comidas o bebidas, y el de registro y mantenimiento de infraestructuras públicas, entre otros.
Clamor social
La Conferencia del Episcopado Dominicano solicitó a los congresistas la aprobación "urgente" de la ley de Partidos Políticos para dejar de lado el aspecto clientelista. En su carta pastoral por la celebración de la Independencia Nacional, el Episcopado argumentó que "hace falta un plan de nación consensuado por todos los partidos políticos y las fuerzas vivas de la nación, donde se prioricen elementos que contribuyan al progreso y a la paz social".
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Transparencia y Justicia (FTJ), y La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, (Adocco), son parte de las organizaciones que reclaman a los partidos políticos ponerse de acuerdo para que el proyecto de ley de Partidos sea aprobado.
Consideran que es un instrumento fundamental para el fortalecimiento del Estado de derecho y la calidad de la democracia en el país.
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, considera urgente que esta herramienta sea aprobada para que se pueda aplicar en las elecciones de 2016.
Mientras que el presidente de Adocco, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, clamó para que los legisladores la aprueben, a fin de permitir el funcionamiento de los partidos. Cree que el deterioro del sistema ha permitido que la población se aleje de estas organizaciones, donde se observa falta de transparencia y violación de la Constitución, las leyes y estatutos internos.
El miembro de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, aseguró que la ley de Partidos Políticos no va a resolver todos los problemas del sistema electoral dominicano. "La ley es un estatuto legal general para todos los partidos, pero, en estos momentos lo fundamental es aprobar la reforma a la Ley Electoral", acotó.
Afirmó que el principal problema que tienen los partidos es el uso abusivo de los recursos del Estado: "Las élites manejan las organizaciones políticas con un espíritu antidemocrático", dijo Olivares.
Otros proyectos
Para la primera legislatura de 2014 se prevé, además, la inclusión del proyecto de ley que sometió la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que procura regular el ejercicio de los abogados en la República Dominicana y el de clasificación de empresas.
Asimismo, los que crean el Ministerio de Industria y Comercio y Pymes, la Carrera Sanitaria, Servicio Nacional de Salud, el Sistema de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, y uno que modifica la Ley Orgánica de Administración Pública, para eliminar el viceministerio administrativo de la Presidencia y crea el Ministerio Administrativo.
