Los jueces del tribunal colegiado Licenciados Aloides de Jesús Matías, Rosa Francia Liriano e Irina Ventura Castillo, dispusieron la libertad en virtud de violaciones de Derechos Fundamentales, como allanamientos realizados de manera irregular que invalidan las pruebas obtenidas durante las requisas domiciliarias que aunque estaban autorizada por una autoridad competente, fueron realizadas de manera ilegal.
Además, el tribunal estableció en sus motivaciones que no hay pruebas suficientes para condenar a los extranjeros dada todas las ilegal cometidas por las autoridades policiales, las cuales fueron corroboradas por testigos a cargos y a descargos.
El ministerio Publico estuvo representado por la fiscal titular Licenciada Alba Núñez, así como Julio Cesar Morffe y Kelmi Duncan, quien solicito la pena de 20 años de reclusión.
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