Como fenómeno cíclico, durante el año, el desarme es tema de discusión en el país, pero ante tantas declaraciones a favor y en contra, va perdiendo vigencia y todo se queda en simples propuestas, que jamás han sido llevadas a la práctica.
Para corroborar lo anterior, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), anunció el inicio de los talleres de peritos brasileños y nacionales previos a la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarme a la población civil, cuyo objetivo es la creación de una cultura ausente de violencia.
En esta ocasión, el costo del proyecto asciende a los US$58,576 (RD$2.5 millones), financiado por la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), con carácter no reembolsable y gestionado por el viceministro de Cooperación Internacional, Inocencio García.
El plan busca también responde a la necesidad de hacer más eficiente el sistema de registro, control y otorgamiento de permisos de porte y tenencia de armas de fuego, una de las metas del Gobierno en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.
Opiniones encontradas
Con relación al descontrol sobre la tenencia y porte de armas, el ministro de las Fuerzas Armadas (FF.AA), almirante Sigfrido Pared Pérez, manifestó en una ocasión que al territorio dominicano llegan armas de fuego ilegales hasta en tanques de comida, muchas veces desintegradas y luego ensambladas en el país.
De acuerdo a estadísticas oficiales, en República Dominicana hay unas 209,000 armas de fuego legales y algunos creen que existen más de 700,000 ilegales, las cuales son usadas para actos violentos.
Un informe ofrecido por el Instituto Caribeño para el Estado de Derechos (ICED), establecía que el costo promedio de una pistola calibre 38 milímetros, una de las más usadas, es de RD$50 a RD$60 mil aproximadamente. Según la base de datos de las Naciones Unidas, en el año 2006 nación dominicana importó cerca de US$40 millones en armas, tanto de uso oficial, como para la venta.
Ante tal escenario, Pared Pérez dijo estar de acuerdo con la propuesta de que la gente entregue voluntariamente las armas, sin cuestionar su procedencia y que al propietario se le pague el precio de compra inicial, no el que tiene en el mercado actualmente.
En su momento, esta opinión generó controversia en algunos sectores de la sociedad, debido a que consideran que el nivel delincuencial no depende de quién o cuántas armas de fuego hay, sino de la desigualdad social y la falta de seguridad ciudadana. En tanto que otros si creen que la criminalidad se relaciona directamente con la facilidad con que una persona la adquiera.
De igual opinión es el politólogo y sociólogo Pedro Catrain, quien argumentó que la gran cantidad de armas, unida a la terrible crisis económica que vive la nación, dispara los niveles de violencia, ya que resulta más fácil atracar o matar para apropiarse de lo ajeno.
No obstante, el abogado y experto en seguridad nacional, Polivio Rivas, aclaró que relacionar el nivel de transgresión con el número de armas en la población es un razonamiento equivocado, tras explicar que esa problemática se debe a la desigualdad social y a la inseguridad ciudadana.
Rivas precisa que el arma que agrede es la que está en manos de quien nada tiene y si fuera por violencia, tendrían que desarmar a la Policía, debido a que en la mayoría de los hechos están involucrados agentes del orden.
Asimismo, el abogado Francis Checo entiende que la falta de control para identificar quién posee armas legales o ilegales acrecienta el problema, porque la mayoría de las fechorías se hacen con las no regularizadas y eso afecta a los que cumplen con la ley.
Este tema no es exclusivo del país, también el presidente Barack Obama, en el 2013, cuando el congreso de Estado Unidos discutía la medida, pidió que se verificaran los antecedentes de todos los artefactos que se adquirían en esa nación.
Lo cierto es que República Dominicana vive un momento particularmente violento. En los últimos meses el incremento de la delincuencia en las calles y el sicariato han aumentado, lo que obliga a muchas personas a resguardad su seguridad y para ello optan por armas de fuego, las cuales son otorgadas sin una evaluación que garantice al solicitante cumplir con todos los requisitos necesarios para su porte.
